La propuesta contribuye a la restitución del derecho a una vida libre de violencia entre las mujeres vulnerables y en situación de movilidad humana en Ecuador, mediante la atención a sus derechos vulnerados con enfoque de género y basado en los Derechos Humanos que tenga en consideración las vulnerabilidades específicas de las mujeres violentadas. En este sentido, busca contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado.
Esta intervención responde a la necesidad de ofrecer una protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia basada en el género (Violencia Basada en el Género) frente a la inacción del Estado ecuatoriano - que no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para la implementación efectiva de programas que se orienten a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas -.
El proyecto comenzó en febrero de 2024, financiado por la Convocatoria de 2023 del Ayuntamiento de Madrid y da continuidad a una intervención de largo recorrido que se desarrolla desde 2017 junto a Manos Unidas y el socio local, la Corporación Sol Justicia.
Junto a ella se coordina la actividad del Servicio Jesuita de Refugiados, cuya intervención se está dando en la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos; y en la ciudad de Huaquillas, provincia del Oro) y de la Fundación Río Manta (que trabaja en Manta, en la provincia de Manabí).
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Pobreza, inseguridad y violencia en ascenso
La intervención se centrará en las ciudades de Manta (Manabí, Zona Costa), Lago Agrio (Sucumbíos, Zona Norte, en la frontera con Colombia), y Huaquillas (El Oro, Zona Sur, en la frontera con Perú). Estos territorios han sido seleccionados debido a sus índices alarmantes de pobreza, inseguridad y violencia que van en ascenso; así como a la petición explícita de las mujeres de expandir los procesos a otros territorios cercanos para mejorar la calidad de vida de sus homólogas.
Se estima que el número de personas destinatarias de la intervención serán 2350 mujeres - especialmente mujeres que han sufrido VBG, en situación de pobreza y/o de movilidad humana - y 605 hombres de sus parroquias, distribuidas entre las tres ciudades.
Con esta propuesta se pretende sacar a un mayor número de personas del círculo de violencia, especialmente de los barrios en los que aún no se ha trabajado; continuar promoviendo una cultura de paz y trabajando de cara a la desnaturalización de la VBG; afianzar y expandir las metodologías implementadas que han tenido un impacto positivo en las comunidades; profundizar en las alianzas y generación de redes con el fin de darle un mayor impacto y sostenibilidad a las acciones, así como fortalecer los procesos de incidencia política; y profundizar en la colaboración con los gobiernos municipales en materia de prevención y atención a la VBG.
Para ello, se van a emplear tres ejes vertebradores:
Fortalecer las capacidades y oportunidades de las víctimas de VBG a través de la atención y acompañamiento integral con estrategias de contención inmediata (ayuda humanitaria, atención jurídica, psicológica). Estas mujeres recibirán a su vez las herramientas necesarias para empoderarse paulatinamente, y generar un efecto polinizador con otras mujeres de sus comunidades que atraviesan situaciones parecidas de violencia.
Promover la generación de medios de vida basados en la economía popular y solidaria (EPS), a partir de la conformación de emprendimientos individuales y colectivos adaptados a las dificultades concretas que atraviesan las mujeres víctimas de VBG, junto con una estrategia piloto de inclusión económica sostenible que aporte autonomía económica a las víctimas de VBG.
Potenciar las acciones de prevención, sensibilización e incidencia con titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones con el fin de que aporten a fomentar una cultura de prevención y rechazo a la VBG y establezcan estrategias concretas para caminar hacia la autosostenibilidad de las estructuras de atención integral para las víctimas de VBG y permitan abordar de mejor manera la problemática”.
