Cuando está a punto de firmarse un nuevo convenio anual con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Cáritas ha presentado a la Administración su memoria de actividad sobre el trabajo desarrollado en 2017 para garantizar que personas condenadas a penas no privativas de libertad puedan cumplir la misma a través de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).
Esta modalidad de penas alternativas a la prisión complementa la apuesta de Cáritas por la reinserción social de las personas privadas de libertad, algo que forma parte de las líneas de trabajo estratégicas que, desde hace décadas, se llevan a cabo para acompañar a los reclusos y ex reclusos en sus procesos de recuperación de la autonomía personal y su plena reincorporación a la sociedad.
35 Cáritas de 12 Comunidades Autónomas
Gracias al convenio con Instituciones Penitenciarias, el año pasado un total de 35 Cáritas Diocesanas de 12 Comunidades Autónomas acompañaron –a través de 304 plazas ofertadas (las plazas se ocuparon por más de una persona a lo largo del año)— a un total de 719 personas que, mediante las actividades realizadas en distintos proyectos y recursos de la institución, pudieron garantizar el cumplimiento de la pena bajo el formato TBC.
Para llevar a cabo esta colaboración, Cáritas contó con el apoyo de una subvención de 52.000 euros (171 euros por plaza), que se han destinado a la finalidad establecida en el citado Convenio para así dar cumplimiento a lo ordenado en sentencias judiciales con condenas a penas no privativas de libertad y medidas alternativas.
Contacto con la realidad y resocialización
La mayoría de las plazas ofertadas por las Cáritas Diocesanas se sitúan en proyectos para personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social (personas sin hogar, mayores, mujeres, adicciones o salud mental, entre otros), lo que permite que el penado establezca contacto con realidades en las que su trabajo en beneficio de la comunidad tiene resultados inmediatos y visibles, y se consigue un refuerzo inmediato sobre el carácter solidario de la ejecución de la pena. Esto contribuye a aumentar su implicación y percepción de la necesidad de una nueva actitud ante el otro, a favor del bien común.
El objetivo es conseguir que el cumplimiento de una condena constituya un espacio y oportunidad de resocialización y educativo, combatiendo la pasividad y negatividad que conlleva el carácter de cumplimiento y obligatoriedad. No se trata de restar importancia a la causa penal, sino de revertir la infracción en beneficio propio y social, de forma solidaria, para promocionar valores de responsabilidad y empatía.
Una alternativa positiva
Como señala Juan Antonio García Almonacid, coordinador del Convenio en Cáritas, «nuestra valoración de los trabajos en beneficio de la comunidad en muy positiva, ya que constituyen una alternativa a la privación de libertad y que, en el caso de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, evitan una mayor espiral de exclusión tanto del penado como de la familia, así como rupturas con el entorno social y laboral».
«De hecho –añade—, continúan cumpliendo estas actividades personas que por su propia situación socio económica son o han sido destinatarios de diferentes programas de Cáritas. Esta circunstancia permite abordar de manera más integral su propia situación».
