La Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, junto con el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y el Servicio Jesuita a Migrantes, han presentado el informe ¿Acoger sin integrar? El sistema de acogida y las condiciones de integración de personas solicitantes de protección internacional, que pone de manifiesto las condiciones de integración de los refugiados en la sociedad española, y el papel que el Sistema de Acogida juega en ello.
En el informe se señala que, en 2016, se triplicó el número de solicitudes de asilo en España de personas procedentes de zonas en conflicto en Oriente Medio, Latinoamérica y África Subsahariana. Si en 2014 la cifra de solicitantes fue de 5.952, en 2016 ya era de 16.554. No obstante, entre 2007 y 2016, España solo acogió al 1,29% de todas las personas refugiadas que entraron en la Unión Europea: una proporción muy alejada de su peso económico y político.
El incremento en el número de solicitantes de asilo tensó gravemente el sistema de protección internacional español, provocando su crisis desde finales del año 2014. Ello generó una situación de desprotección para muchos solicitantes que optaron por seguir su camino hacia el norte de Europa. Según el informe presentado hoy en Comillas ICAI-ICADE, desde mediados del año 2015, la administración española afrontó la crisis mediante diferentes medidas, como aumento de la inversión presupuestaria, incremento del personal que tramita las solicitudes, aumento de plazas de acogida... Sin embargo, aunque las plazas de acogida pasaron de 930 en septiembre de 2015 a 4.300 en enero de 2017 (y una estimación de 8.700 a finales de 2017), no se ha desarrollado un marco político, legislativo y financiero estable, y el Sistema de Acogida se muestra incapaz de superar las dificultades de integración que los refugiados afrontan en la sociedad española.
La complicada integración en la sociedad española
El trabajo de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y el Servicio Jesuita al Migrante, pone el foco en las dificultades con las que se encuentran las personas solicitantes de asilo a la hora de integrarse en la sociedad española. En lo que respecta al mercado de trabajo, a pesar de que un 20% de refugiados cuenta con estudios universitarios, su empleo se caracteriza por la escasez y la precariedad. «Trabajan de manera cíclica, y se suceden periodos desiguales de empleo formal, desempleo y trabajo informal, sufriendo un deterioro de su situación personal, económica y familiar. A pesar de contar con permiso de trabajo desde los seis meses, quienes consiguen asilo en España no accede a un empleo regular y estable en sus primeros años en el país», asegura Juan Iglesias, director de la Cátedra Inditex de Refugiados y Migrantes Forzosos de Comillas ICAI-ICADE. A pesar de ello, «una minoría de solicitantes de protección internacional logra insertarse en empleos manuales cualificados y en ocupaciones profesionales de servicios», según se lee en el informe.
Asimismo, tras la fase de acogida, las personas beneficiarias del asilo se concentran en su gran mayoría en los barrios populares y obreros de las principales ciudades y coronas metropolitanas españolas. «Es un movimiento residencial hacia la periferia que, en muchos casos, implica salir del barrio donde se ha vivido durante la fase de acogida, lo que implica reiniciar el proceso de asentamiento y arraigo», dicen los autores del informe. No en vano, tras los primeros meses de acogida en centros o pisos y en el proceso de inserción autónoma en la comunidad local (aprendizaje del idioma, ayudas económicas directas, acompañamiento personal, formación profesional y de idiomas, intermediación y acompañamiento...), durante la investigación los propios solicitantes de protección internacional y los técnicos y expertos que trabajan en el Sistema de Acogida e Integración han detectado y señalado varias lagunas y puntos críticos, y uno de ellos es la inestabilidad residencial y la inseguridad económica, además de la precariedad laboral.
Según el informe, «el sistema español de acogida a refugiados no cuenta ni con los recursos, ni con los medios, ni con la capacidad política de enfrentar y transformar ese conjunto de factores que determinan la trayectoria de integración de los solicitantes de protección internacional. Algo que solo se podría hacer desde políticas estructurales de integración social de las que el Estado adolece en este momento. En este contexto, el Sistema de Acogida e Integración aparece más como un sistema de acogida que de integración social».
El informe propone una serie de 17 medidas para facilitar la integración de los refugiados en la sociedad española. Entre ellas destacan:
- Reformar el sistema de distribución de plazas y solicitantes de protección durante la fase de acogida.
- Flexibilizar el sistema en función de las necesidades de integración, apoyando a las personas en los procesos de transición entre las etapas de acogida, autonomía e integración social plena.
- Proteger las trayectorias educativas de la población refugiada facilitando la homologación de títulos y creando un fondo de becas de estudios y manutención específico, que, además de la financiación pública, pueda nutrirse de fondos privados.
- Implementar nuevos modelos de control de las ayudas económicas, más flexibles, que den una mayor autonomía a las organizaciones y a las propias personas refugiadas.
- Desarrollar un marco reglamentario que recoja formalmente la política de acogida e integración en España, sus límites y obligaciones.
- Revisar los procedimientos de asilo, con el fin de cumplir con los plazos legales y alcanzar unas tasas de aceptación semejantes a las de la UE.
- Ofrecer vías alternativas para la regularización e integración social de las personas solicitantes de asilo rechazadas por el sistema de protección internacional.
