El pasado 7 de abril tenía lugar un deslizamiento de tierra en la provincia ecuatoriana de Orellana que provocó la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo que produjo un derrame de petróleo en el río Coca que, posteriormente, alcanzó el río Napo y atravesó la frontera con Perú, afectando también a comunidades indígenas peruanas.
Manos Unidas, que trabaja en la zona junto al Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), se suma a la preocupación expresada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en un comunicado en el que denuncia el impacto socioambiental que supone el derrame para las «aproximadamente 97.000 personas afectadas en las riberas del Coca y el Napo». La REPAM denuncia la «irresponsabilidad de las empresas OCP Ecuador S.A., E.P. Petroecuador y CELEC EP ante la falta de precaución, prevención, información clara y oportuna sobre el rompimiento de los dos oleoductos», así como por hacer caso omiso a las advertencias derivadas de la desaparición de la cascada San Rafael el pasado febrero y «los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en el cauce del río Coca y los reiterados derrames de petróleo en la zona».
Coronavirus: la falta de agua llega en el peor momento
El desastre se produjo en el sector de la cascada de San Rafael y se conoció a partir de vídeos publicados en redes sociales por las comunidades ribereñas, alarmadas ante las manchas de crudo que avanzaban por las aguas que bañan sus poblaciones. Según algunas estimaciones, 150 comunidades, principalmente de etnia Kichwa y Shuar, estarían afectadas por el vertido.
«Estas comunidades se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad a causa del derrame y de la pandemia actual», afirma Digna Erazo, coordinadora de REPAM Ecuador. «Además de no poder acceder a agua segura para beber, cocinar, pescar y asearse –en un momento en el que el lavado de manos es la primera barrera de protección–, los pobladores se ven obligados a salir en busca de agua y alimentos a otras poblaciones, lo que les expone a una mayor probabilidad de contagio en una región donde ya hay casos de coronavirus y donde hay escasos centros de salud y muy distantes».
Según Luis Yanza, fundador del FDA –organización con la que Manos Unidas trabaja para garantizar el acceso al agua potable en zonas de contaminación¬–, la pandemia obstaculiza también una valoración minuciosa de la gravedad de lo ocurrido: «Sabemos que las comunidades afrontan un serio problema de abastecimiento de agua y alimentación, ya que la pesca se ha suspendido y los cultivos cercanos a las riberas también están contaminados, pero no se conoce cómo están afrontando la situación, toda vez que la pandemia y las consecuentes restricciones de movilidad no han permitido visitar las comunidades para determinar su estado actual. La mayor parte de las comunidades están abandonadas».
Reclamaciones al Estado y al sector empresarial
Diversas organizaciones consideran que lo sucedido se podía haber evitado. En palabras de Luis Yanza, se trata de una «crónica de un desastre anunciado», ya que dos décadas atrás, antes de la construcción del OCP, «varias organizaciones ambientalistas y sociales advirtieron del peligro de un desastre debido a que la zona es altamente sísmica». Asimismo, el FDA recrimina al gobierno ecuatoriano que haya «demostrado su interés solo en rehabilitar la transferencia del crudo –como sucedió en 1987, cuando se rompió el oleoducto tras la erupción del volcán Reventador–, sin encaminar medidas concretas para mitigar los efectos de esta nueva contaminación».
Por su parte, Digna Erazo pide a las autoridades y compañías privadas que asuman la responsabilidad de lo sucedido y pongan en marcha «medidas inmediatas que garanticen el acceso al agua y alimentos para las poblaciones». Del total de comunidades afectadas, solo siete de ellas habrían recibido kits de agua y alimentación por parte de la empresa Petroecuador, según la REPAM.
«El pasado 17 de abril, el Consejo de la Judicatura suspendió la presentación de demandas y otras medidas jurídicas, evitando así la implementación de medidas cautelares», asegura Digna Erazo. «Esto se ve como una medida inconstitucional, al punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una alerta y pidió al Estado ecuatoriano su derogación».
A fecha de 20 de abril, tanto REPAM Ecuador como el FDA se están sumando a las denuncias y las reclamaciones que está efectuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana –principal organización indígena nacional– y, asimismo, están realizando las primeras visitas a las comunidades para apoyar a las familias y entregar mascarillas y material ilustrativo para prevenir la transmisión del coronavirus. Por su parte, Manos Unidas se encuentra en contacto permanente con sus socios locales para reaccionar con rapidez en caso de que sea necesaria una intervención de emergencia.
