El Proyecto de Ley de Educación –de la LOMLOE–, que ha sido publicado en circunstancias tan extraordinarias como las de un «estado de alarma», afecta sin duda a toda la sociedad, verdadera protagonista de la educación, de la que formamos parte como Iglesia católica. Por ello, consideramos responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su tramitación.
Punto de partida es, sin duda, el compromiso con este bien inmenso que es la educación, uno de los tesoros más valiosos de la sociedad, pues afecta a la vida de los seres más queridos y, de muchas maneras, al futuro de todos.
Tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley, nos parece tener que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial.
Nos preocupa que se recojan plenamente las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos. Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo.
En este mismo sentido parece necesario que, a diferencia del actual Proyecto, la futura Ley siga recogiendo la «demanda social» en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación.
La formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos.
Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona. Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad.
La persona, además, no existe nunca como individuo aislado, sino como miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición. La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana.
La asignatura de Religión católica es una respuesta a estas exigencias en el caso de la mayoría del alumnado. Ciertamente puede ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios comparativos. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena al proceso educativo. Por ello, debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera.
Estos derechos y libertades, estos bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido también confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Están contenidos igualmente en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede.
Del mismo modo que es importante el diálogo y la participación de todos, no podemos dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental, que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no solo de nuestro «pacto social», sino también de un muy deseable «pacto escolar».
La presencia de la Iglesia, del «pueblo católico» en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular. Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.
Creemos que estos grandes bienes justifican suficientemente todo esfuerzo de diálogo y de colaboración leal en el proceso de preparación de la nueva Ley de Educación, para el cual ofrecemos nuestra plena disponibilidad.
