Madrid

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha mantenido este miércoles un encuentro con Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente consejero delegado de COPE y TRECE TV.

Avalado por su dilatada trayectoria en el ámbito económico, tanto en el campo de la Conferencia Episcopal Española, como por su condición de docente en la Universidad Autónoma de Madrid donde es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad, Giménez Barriocanal ha respondido a una decena de preguntas sobre la Iglesia, que desmontan tópicos y acreditan su transparencia y servicio a la sociedad y a la economía española. «La Iglesia no cuenta con ninguna partida reservada en los Presupuestos Generales del Estado y hablar de que tiene privilegios fiscales en materia de IBI es desconocer la Ley», ha subrayado, antes de afirmar que «es la única institución en España que se somete a referéndum todos los años. Si nadie marcara la casilla de la Renta, la Iglesia recibiría 0 euros».

En opinión del vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, «el papel de las organizaciones de la Iglesia para la reconstrucción de España frente al coronavirus va a volver a ser fundamental», un reto para el que ha pedido «el consenso social, imprescindible para salir a flote». También los agentes económicos juegan un papel determinante para Barriocanal. En su opinión, «si no somos capaces de integrar parámetros de responsabilidad social en la actividad económica, tendremos una visión muy corta. Una economía sin valores, que prescinde del concepto de sociedad y solo va a lo material, no lleva a ninguna parte», ha añadido, convencido de que «la economía del papa Francisco supone un cambio de paradigma en el concepto de crecimiento».

El presidente y consejero delegado de COPE y TRECE ha defendido la labor de los medios de comunicación de la Iglesia porque «queremos trasladar una forma de entender la sociedad, la familia, la educación… y la prueba de que son necesarios es que durante la pandemia más de 11 millones de personas han seguido la retransmisión de la Misa por TRECE TV».

Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de reuniones que la Junta Directiva de CEAJE ha venido manteniendo con personalidades del ámbito, empresarial, político y social. Unos encuentros de carácter virtual, que sirven para poder acercar posturas, mostrar las inquietudes de este colectivo y especialmente poder tener una visión global sobre el contexto actual y los meses venideros.

En este sentido el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, ha reafirmado el carácter fundamental de la labor de la obra social de la Iglesia, con una especial mención a Cáritas, con la que CEAJE colabora regularmente, y que se ha visto reforzada como consecuencia de la emergencia sanitaria y social derivada del COVID. Albaladejo ha declarado que «en un drama no solo sanitario, sino también social, como es la situación post COVID, se ha demostrado una vez más, la labor fundamental pero silenciosa que realiza Cáritas, y ante esta situación los Jóvenes Empresarios, hemos demostrando el carácter comprometido que tenemos con la sociedad en su conjunto, movilizando desde todos los territorios todos nuestros esfuerzos, para ayudar en la campaña extraordinaria que se ha desarrollado con el objetivo de mantener y reforzar los programas de atención a las personas más vulnerables».

Las preguntas de los participantes se han basado principalmente en dos ámbitos, los referentes a la adaptación a los nuevas realidades de los modelos de información de la Cadena COPE, así como en relación al cambio de paradigma en el crecimiento económico global que significa que significa La Economía de Francisco, diciendo Giménez Barriocanal que no puede haber un crecimiento si este no es responsable y que este subyace en el ADN del pensamiento social de la Iglesia.

La parroquia de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra acogerá la celebración de una novena como preparación a la festividad litúrgica de la Virgen del Carmen, que se conmemora el 16 de julio. Se desarrollará desde el 7 al 15 de julio, con rezo del rosario a las 19:00 horas, para continuar con la Eucaristía.

El jueves 16, la Misa solemne en honor a la Virgen dará comienzo a las 19:30 horas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abordado los retos y oportunidades del liderazgo y el compromiso cívico. Lo ha hecho en el primer acto del Título de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico, un programa del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU dirigido por la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, que nace con el objetivo para formar a jóvenes en el mundo de las ideas liberal-conservadoras.

En el encuentro digital, en el que los alumnos de este título han planteado varias preguntas, ha participado también el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, quien ha dado la bienvenida.

En su intervención inicial, Martínez-Almeida ha animado a los jóvenes a participar en «un rearme de la sociedad», y lo ha hecho tras afirmar que «la política ha llegado a demasiados lugares donde no debía de haber llegado». En este sentido, ha subrayado que «hay que valorar la diferencia, podemos convivir, el problema no es la diferencia entre unos y otros, sino que tenemos que ser capaces de vivir juntos».

Así, se ha mostrado «contrario al pensamiento único, nosotros no vamos a arrinconar a nadie porque piense diferente», ha añadido. Y ha apelado al espíritu de la Transición, a un espacio de diálogo entre todos los que piensan de forma diferente.

Algo en lo que ha coincidido Marhuenda, quien ha afirmado que es «muy interesante intelectualmente el debatir con personas que piensan diferente, sin que nadie quiera convencer a nadie».

Para el alcalde de Madrid, en la actualidad, «los que defendemos el humanismo cristiano y tenemos unos valores, debemos empezar por mirarnos a nosotros mismos, antes de mirar al adversario, y ser capaces dar la cara para dar un paso en la creación de una sociedad mejor». Aunque el camino sea «largo y complicado», ha señalado. En este sentido, ha animado a los jóvenes a comparecer en el debate cultural.

En la misma línea se ha mostrado el director de La Razón y profesor del Título Propio que ha señalado que, aunque la izquierda ha impuesto un determinado lenguaje, son los jóvenes los que deben dar un paso adelante, no es sólo una cuestión de queja.

Otro de los temas que han planteado los alumnos ha sido la necesidad de la colaboración público-privada. El regidor municipal ha destacado desde lo público se debe crear el marco necesario para que los actores privados puedan colaborar con lo público, ya que el sector privado tiene mucho que aportar.

Una de las cuestiones ha plantado el tema de las fake news. Martínez-Almeida se ha mostrado totalmente «respetuoso con la libertad de expresión»; y ha afirmado que «la primera barrera frente a las fake news es una comunicación institucional veraz», pues «somos las instituciones las que debemos dar información veraz, que dé confianza a los ciudadanos. Es la forma más responsable de combatir las noticias falsas».

Para concluir, Martínez-Almeida ha señalado algunas cualidades que para él debe tener un buen líder, como «principios y convicciones anclados en un soporte intelectual dirigidos a mejorar la sociedad». Además, ha añadido humildad, ya que «un líder tiene siempre un buen equipo detrás» y que tenga buena capacidad de comunicación.

En el encuentro también se ha hablado de la importancia de la educación para crear una verdadera igualdad de oportunidades en la sociedad.

La Fundación FOESSA acaba de sacar a la luz, dentro de su serie «Focus», un breve análisis sobre el sistema de ingresos mínimos en España, que ha saltado al primer plano de la agenda política a raíz de la aprobación, el pasado 29 de mayo, del Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España.

Bajo el título Vulneración de derechos: Ingresos Mínimos, los expertos de FOESSA analizan a lo largo de tres capítulos el modelo español, con objeto de identificar los puntos débiles del modelo propuesto, el grado de respaldo social del mismo y lo que su implementación pueden suponer para reducir la pobre extrema importante o para acabar en otra oportunidad pérdida.

Como se señala en la introducción, «el sistema de ingresos mínimos se plantea como uno de los soportes básicos de la protección social para el mantenimiento de un nivel de vida digno de la ciudadanía» y «su objetivo primordial es facilitar un bienestar mínimo a la población vulnerable reduciendo la pobreza». «Sin embargo –subrayan los autores—, el modelo español desde su origen ha presentado tres principales elementos deficitarios: un alto grado de desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada».

Este «Focus» analiza la intensidad protectora que a fecha de hoy ofrecen los distintos sistemas de ingresos mínimos que, desde criterios muy desiguales, han ido desarrollando en las últimas cuatro décadas las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de nuestro país. Y alerta de que, aunque la aprobación de un IMV de ámbito estatal es un claro avance, «si no se desarrolla adecuadamente a nivel reglamentario y si no se articula adecuadamente con los sistemas existentes en las comunidades autónomas, se tratará de una oportunidad pérdida para los hogares más vulnerables».

Un «sistema» desigual que no cubre el objetivo que se propone

A fecha de hoy y según la memoria de las rentas mínimas que publica anualmente el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se extraen, entre otras, las siguientes conclusiones.

• Se trata de un sistema con baja capacidad protectora y escasa cobertura. El nivel de inversión es muy desigual e incluso en declive en el último año. En muchas CCAA, las rentas mínimas no son un derecho subjetivo, sino que se trata de una prestación dependiente de la disponibilidad presupuestaria. Tras años de aumento leve pero constante, el monto total ejecutado en materia de RMI ha descendido en un 1,61%, pasando de 1.544,4 millones de € en 2017 a 1.519,6 millones de € en 2018.
• La cobertura de las rentas mínimas, es decir, a cuántas personas en situación de pobreza llegan estas ayudas, es uno de los puntos débiles más flagrantes del sistema de protección social español. El promedio de las rentas mínimas de inserción implementadas por las comunidades autónomas deja a más del 93% de las personas en situación de pobreza en España sin recibir este tipo de ayudas.
• En España, más de 2,6 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza severa (30% de la mediana de ingresos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2018), mientras que la población beneficiaria de las rentas mínimas, alcanza a más de 679.000 personas (un 12,8% menos que en 2017). En términos de cobertura de los sistemas de garantía de ingresos mínimos, los beneficiarios de las rentas mínimas, apenas alcanza al 29% de la población bajo el umbral de la pobreza severa. Una desprotección que afecta a dos de cada tres personas en estas circunstancias.
• La tasa de cobertura que oscila desde el 4,9% en Andalucía o 5,8% en Castilla La Mancha, las regiones con menos extensión, y alcanza hasta el 274% de la población en pobreza severa en Navarra, 175% en el País Vasco o 145% en Asturias, las regiones con una cobertura más desarrollada. Una vez más son evidentes las diferencias territoriales en el desarrollo del sistema.

Un derecho con enorme respaldo social

El estudio de FOESSA indica que según el barómetro del CIS de mayo, la mayoría de personas encuestadas avala la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal (83,4%).

Y, de acuerdo a los resultados de su propia encuesta EINSFOESSA de 2018 (Encuesta Sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA), existe también un amplio respaldo social por parte de la ciudadanía acerca de la importancia e idoneidad de un sistema de garantía de ingresos mínimos para proteger a la población, en particular la más vulnerable: el 88,1% de la población de España cree que quienes reciben ayudas sociales lo hace porque las necesitan para vivir; un 47,3% piensa que las Administraciones públicas deberían desarrollar políticas de garantía de rentas para todo el mundo, y en un 49,7% solo para quienes lo necesiten.

Asimismo, el juicio de la inmensa mayoría entre quienes las reciben es que las rentas mínimas cubren poco o casi nada las necesidades básicas (entre ambas suman el 84% de las respuestas).

Avance importante u oportunidad pérdida

Los autores del estudio aseguran que la aprobación del Real Decreto 20/2020, de 29 de mayo representa un paso muy importante que sitúa a España un poco más cerca de la media europea de protección social. Según cálculos del ejecutivo, el IMV llegaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas), con lo que se triplica la protección a la población con escasos recursos en España.

No obstante, y a falta del fundamental desarrollo reglamentario, se mantienen muchas incógnitas sobre si el nuevo sistema de ingresos mínimos será capaz de garantizar la efectividad de ese nuevo derecho subjetivo.

Déficits identificados por Cáritas

Por ello, se subraya la necesidad de «ser vigilante y seguir trabajando para que el sistema de protección social no deje a nadie atrás, en particular a los más vulnerables». En esa línea, recogen los déficits ya identificados por Cáritas en su nota de valoración del Real Decreto, al dejar algunos aspectos sin resolver que pueden acabar suponiendo una oportunidad perdida para incluir en el sistema de protección.

Este «Focus» recuerda los retos de futuro identificados por Cáritas a la hora de poner en marcha esta nueva medida protectora para que realmente permita cubrir las necesidades y otorgar un derecho real a las capas más vulnerables de la población. Entre estas cabría destacar:

• Las personas en situación administrativa irregular.
• Las personas jóvenes emancipadas menores de 23 años.
• Las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos familias.
• La vinculación al empleo y la obligación de constar como demandante de empleo, lo que supondrá que las personas que por sus circunstancias (enfermedades crónicas, por ejemplo) no pueden tener una inclusión en el mercado laboral no podrán acceder a la prestación.
• Las personas que estén residiendo de forma permanente en lugares con financiación pública. Hay personas en situación de exclusión que participan en proyectos de inclusión en espacios residenciales y que serían claros destinatarios del Ingreso Mínimo Vital.

Cabe señalar, además, que otras cuestiones sobre las que Cáritas ha puesto el acento es la necesidad de que las comunidades autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas como prestación económica que pueda complementar el Ingreso Mínimo Vital o dar cobertura a aquellos perfiles a los que el IMV no llegue.

Junto a ello, urge racionalizar el sistema de prestaciones para optimizar su impacto, sin que ello suponga una reducción de los fondos destinados a ellas; acompañar el IMV con un complemento de vivienda que evite que el importe de la nueva prestación se destine casi únicamente al coste de la vivienda y de los suministros (el coste de la vivienda y la inversión que las familias tienen que dedicar al pago de la misma supera el 50% de los ingresos en muchos hogares); y facilitar por parte de las administraciones los mecanismos de empadronamiento, dado que esta es condición sine qua non para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital.